CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

El proceso de hábeas data es una acción constitucional destinada a garantizar dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la autodeterminación informativa. Permite a toda persona solicitar, modificar o eliminar datos personales en bancos de información, públicos o privados, protegiendo la intimidad, la transparencia estatal y la seguridad jurídica. "Porque al servir a los demás seremos libres" (José María Pacori Cari).

La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo del Derecho Constitucional que permite impugnar leyes, decretos y normas contrarias a la Constitución. Busca preservar la supremacía constitucional mediante el Tribunal Constitucional, cuya sentencia tiene efectos generales y vinculantes. Es ejercida por autoridades, ciudadanos u organismos legitimados dentro de plazos establecidos. "Porque al servir a los demás seremos libres" (José María Pacori Cari).

Este texto detalla el funcionamiento, competencias y procedimientos del Tribunal Constitucional del Perú, órgano autónomo encargado de interpretar y garantizar la supremacía de la Constitución. Explica cómo se desarrollan los procesos constitucionales, las decisiones jurisdiccionales, la participación en audiencias públicas y la inimpugnabilidad de sus sentencias, protegiendo derechos fundamentales y el orden constitucional. "Porque al servir a los demás seremos libres" (José María Pacori Cari).

The authors relate and analyze the unfolding of the political process, the constitutional regime and the democracy in Peru during period 1976-2005. Also they make a critical evaluation of the use of the political and constitutional institutions in this lapse. For it, the work takes care of the democratic and de facto prevailing regimes in the period, of the main produced political events, and of the Constitutions of 1979 and 1993, analyzing the constituent process and the main contents of the same ones in the matter of fundamental rights, economic regime, regulation of the presidential regime, relations between government and parliament, judicial system and constitutional jurisdiction.

Este diapositivas abordan la acción de inconstitucionalidad dentro del marco de la jurisdicción internacional. Explica la competencia jurisdiccional, los requisitos de la demanda, el control constitucional y las etapas del proceso de inconstitucionalidad. También detalla los plazos, la legitimidad y las sentencias del Tribunal Constitucional. "Porque al servir a los demás seremos libres" (José María Pacori Cari).

Este artículo explora los medios impugnatorios en los procesos constitucionales de la libertad, incluyendo el recurso de apelación, agravio constitucional y queja. Examina su fundamentación, procedimientos y plazos, resaltando la importancia del Tribunal Constitucional en la protección de derechos fundamentales y la resolución de conflictos en materia de justicia constitucional. "Porque al servir a los demás seremos libres" (José María Pacori Cari).

espanolEl proceso penal contra el extraditado ex presidente del Peru Alberto Fujimori quien goberno el pais desde el ano 1990 hasta el 2000, supuso una conmocion para la opinion publica y para las fuerzas politicas del pais. Desde luego el plano juridico fue el campo de batalla donde se enfrentaron los partidarios y los opositores del ex mandatario. Muchos creyeron que con la sentencia de la sala Penal de la corte suprema del Peru se daba por concluido el tema. La experiencia de los anos siguientes ha demostrado que no es asi. El indulto fue solicitado formalmente por la familia Fujimori ante el Ministerio de Justicia con lo que se puso sobre el tapete algunos de los temas que abordamos en este trabajo: la naturaleza juridica del indulto en el Derecho peruano y en Derecho Internacional de los derechos humanos y la imprescriptibilidad de los crimenes contra la humanidad. EnglishThe criminal process against the extradited formerPresident of Peru Alberto Fujimori, who ruled the country...

Una síntesis histórica a las constituciones peruanas Una vez declarada la independencia por el General José de San Martín (28 de Julio de 1821), el Congreso Constituyente aprobó en 1822 las «Bases de la Constitución Política del Perú» que optó por un régimen republicano y Estado unitario (García Belaunde, 1998a, p. 239). Poco después se promulgó la Constitución de 1823 para un país todavía ocupado por las fuerzas realistas. Simón Bolívar, cabeza de la corriente libertadora del norte, llega al país para culminar la emancipación. De este modo, el mismo Congreso Constituyente que promulgó la Constitución de 1823 suspendió el cumplimiento de los artículos que sean incompatibles con la autoridad y facultades otorgadas a Bolívar (De la Puente y Candamo, 1986, p. 146), hasta consolidar la independencia en 1824. Con los pueblos liberados de Iberoamérica, Simón Bolívar promueve la aprobación de la Constitución de 1826 que establece una presidencia con mandato vitalicio, la cual sería ocupada precisamente por el Libertador (Basadre Grohmann, p. 85). La necesidad de consolidar su proyecto de la Gran Colombia lo lleva hacia el norte, pero la coyuntura política propició que sus opositores asuman el poder, la Carta de 1826 desconocida y luego derogada en junio de 1827. De este modo, la suspendida Constitución de 1823 recobra parcialmente su vigencia y tras un período de inestabilidad política se aprueba la Carta de 1828, 1 posteriormente reemplazada por la de 1834 que luego fue sustituida por la Constitución de 1839, aprobada en Huancayo, que significó la reunificación del país tras de la fallida Confederación Perú-Bolivia (1836-1839). En los años siguientes continuó un prolongado conflicto entre los sectores liberales y conservadores, que quedaron tras la independencia y perduraron hasta la Constitución de 1860.

Este articulo analiza el amparo contra procedimientos parlamentarios en el Perú, regulado por el artículo 52-A del Código Procesal Constitucional. Explica atribuciones exclusivas del Congreso, como juicio político, vacancia presidencial y remoción de funcionarios. Detalla el procedimiento especial, sus reglas de tramitación, competencias, plazos y la importancia del debido proceso. "Porque al servir a los demás seremos libres" (José María Pacori Cari).

Sobre la medida cautelar otorgada por la Primera Sala Constitucional en favor de los miembros de la Junta Nacional de Justicia que ordenó suspender los efectos de la inhabilitación declarada en contra dos de sus miembros por el Congreso de la República, se reflexiona sobre el control constitucional de las decisiones parlamentarias, la posición adoptada con anterioridad por el Tribunal Constitucional sobre las cuestiones políticas y los principales fundamentos de resolución de la Primera Sala Constitucional, expresando conformidad con la medida cautelar, aunque con la precisión de que pudo considerarse también el derecho de permanencia en la función pública.

La presente investigación se concentra en el análisis del Nuevo Código
Procesal Constitucional (en adelante NCPCONST), que a la fecha ha cumplido
más de un año de vigencia y aplicación en los diversos órganos jurisdiccionales de
la justicia constitucional peruana (Poder Judicial y Tribunal Constitucional); ante
su publicación en el diario oficial El Peruano1
se interpusieron dos demandas de
inconstitucionalidad, que fueron acumuladas y declaradas infundadas a través de
una Sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante TC).
Tal como lo indica el profesor Carnelutti “(…) después de haber remontado
el curso del tiempo hurgando en el pasado, el juez tiene que dirigirse a futuro; después de haber establecido lo que ha sido, tiene que establecer lo que será”
2
.
Justo en la lógica expuesta por el autor antedicho es que en este artículo nos
encargaremos de analizar las demandas de inconstitucionalidad que confrontó el
NCPCONST una vez publicado, los fundamentos con lo que se reafirma su
constitucionalidad, y también los votos en minoría que pretendieron mellar su
vigencia.
Efectivamente, en nuestro país, el 23 de julio del 2021 se llevó a cabo la
publicación de la Ley N.º 31307, la misma que aprobó el NCPCONST. Según lo
que se ha expuesto de ella, incluso por parte de los mismos impulsores que le
dieron creación en el legislativo, esta norma parte de la necesidad de impulsar un
procedimiento más eficaz que en la norma derogada, de regular lo que ya era
marcada jurisprudencia existía, y de recoger figuras jurídicas modernas que vienen
siendo utilizadas a nivel internacional y nacional.
Claro está que el NCPCONST también ha sido objeto de críticas tanto
académicas como políticas. Dicho código, a la fecha, tiene un año de vigencia y
aplicación, sobre lo cual también se brindará una opinión fundamentada en el
presente trabajo de investigación, aun estando a que nuestro artículo se centrará en
fallo del TC sobre su constitucionalidad.
Entonces, resaltamos que lo central en este artículo es describir y analizar los
pronunciamientos que han existido sobre el NCPCONST, y, de forma dependiente,
emitiremos un criterio sobre si la voluntad innovadora con la que se creó viene
llevándose a cabo.

Este trabajo tiene el propósito de esclarecer y valorar críticamente la argumentación jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecto de la doctrina  de  las  «reformas  constitucionales  inconstitucionales».  Desde una  perspectiva  principalmente  constitucional,  aunque  complementariamente  filosófico-jurídica,  se  defenderá  la  tesis  de  que  el  alto  Tribunal  mantiene  básicamente  una  concepción  sustancialista o  valorativa  de  la  Constitución  —donde  las  reformas constitucionales  están  sujetas  no  solo  a  límites  institucionales, sino también a límites materiales—, evidenciándose además que  dicha concepción  implícita,  no  obstante  su  plausibilidad,  adolece  de  desequilibrios importantes que resulta necesario corregir.

LOS ESTUDIOS POLÍTICOS COMPARADOS forman una de las áreas más interesantes dentro de la ciencia política, pues permiten entender la manera en que instituciones y prácticas teóricamente similares evolucionan y se desarrollan en contextos y momentos históricos distintos. Gracias a ello es posible señalar las semejanzas y resaltar las diferencias que las ideas, los procesos y las formas políticas adquieren a lo largo del tiempo y en cada lugar. En este trabajo se pretende aclarar algunos equívocos importantes, así como indicar el alcance de ios aciertos posibles, al comparar los sistemas políticos de México y Francia. Aunque Francia ha ejercido una notable influencia sobre México en el desarrollo de algunas de sus instituciones político-jurídicas y en el pensamiento de grandes figuras de su vida pública desde antes de la Independencia, los sistemas políticos francés y mexicano son esencialmente distintos. No obstante, a primera vista existen similitudes importantes en cuanto a sus respectivos regímenes, sobre todo al destacado papel que desempeña la institución presidencial en la vida política de ambas naciones. Asimismo, recientemente se ha querido establecer alguna semejanza entre los dos sistemas al trasladar a México, de manera ligera, el término de cohabitación con la intención de utilizarlo para definir algunos aspectos nuevos de la vida política en este país. Antes de entrar en materia, conviene hacer un esfuerzo por aclarar dos conceptos muy útiles para este estudio, y que son, sin duda, difíciles y muy frecuentemente confundidos entre sí: régimen político y sistema político. Por sistema político se entiende aquí al conjunto de instituciones que caracterizan y especifican las formas del Estado. De esta manera, al referir-1 Maurice Duverger, Instituciones políticas y derecho constitucional, México, Ariel, [1978] 1980, tercera edición, p. 33. Es importante destacar que en la edición de 1970, traducida por la misma editorial ese año, Duverger consideraba que "régimen político y sistema político son prácticamente sinónimos", p. 65. 2 Luis F. Aguilar Villanueva, "Estado, régimen y sistema político (notas sobre una discusión sobre la crisis del Welfare State)", en Juan Enrique Vega (coord.),

El Fondo Editorial del Tribunal Constitucional, a cargo de su Centro de Estudios Constitucionales, incrementa el patrimonio bibliográfico de su colección "Constituciones & debates constituyentes", y pone a disposición de los lectores la obra Congreso Constituyente del Perú 1822-1823. Actas y extractos de sesiones del debate constituyente, cuya compilación y estudio preliminar ha efectuado con especial esmero el estudioso Wilver Alvarez Huamán. Su publicación en esta colección significativa evidencia que nos hemos empeñado en editar y publicar obras alrededor de los diversos bicentenarios que, por estas fechas, estamos conmemorando en el país, que culminaron con la creación del Perú como República. En efecto, el Tribunal Constitucional tiene una triple colección sobre constitucionalismo democrático histórico o constitucionalismo republicano en sede nacional, además de la colección "Constituciones & debates constituyentes" (tres libros en total), destacan las series "Textos Constitucionales del Bicentenario" (con dos publicaciones) y "Biblioteca Constitucional del Bicentenario" (con once obras del siglo XIX y se iniciarán las correspondientes al siglo XX).

El presente Artículo analiza, desde una perspectiva comparada, el diseño y ejercicio del poder legislativo por parte del Congreso de la República del Perú, a partir de su texto constitucional de 1993, con un especial énfasis en el control político que este lleva a cabo respecto del poder ejecutivo, particularmente ante una figura tan controversial en los últimos años como es la permanente incapacidad moral, reconocida en el Artículo 113 superior y regulada, meramente procedimental, por parte del Reglamento del Congreso. En el marco de lo anterior, el Artículo es una invitación a reflexionar sobre los mecanismos de diálogo, control y contrapesos en la relación entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional peruano, en este caso, pero porque no, extensivo a cualquier ejercicio de reflexión sobre el poder legislativo en las democracias latinoamericanas, toda vez que muchas de éstas se encuentran en diversos problemas de tensión, conflictividad y pérdida de confianza y legitimidad por parte de las
ciudadanías.

Colaborador en la redacción del libro Crispín, A. (2023). Los procesos constitucionales en sus documentos. Estudio preliminar de Aníbal Quiroga León. Lima: Gaceta Jurídica.

Los procesos constitucionales en sus documentos brinda un panorama completo sobre los diferentes escritos de demanda que frecuentemente se presentan en el ámbito del litigio constitucional. Así, se transita por los procesos de tutela de derechos, los de control normativo e incluso los referidos al conflicto competencial. Esta obra constituye una herramienta crucial para los abogados que deseen patrocinar un caso exitosamente, donde encontrarán la base normativa correspondiente, una pauta en la elaboración de escritos, gráficos sobre el íter de los diferentes procesos y la jurisprudencia más actual para cada caso concreto.

Resumen: El artículo analiza el proceso político y administrativo que condujo a la decisión del expresidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de otorgar un indulto humanitario y una gracia presidencial a favor de Alberto Fujimori Fujimori, condenado por graves violaciones de derechos humanos cometidas al encabezar el Poder Ejecutivo peruano en los años noventa del siglo pasado. Se revelan los argumentos jurídicos y políticos planteados por exfuncionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de ese país, que advirtieron a los altos cargos de esa entidad las consecuencias de adoptar esas medidas, consagrando así la impunidad.Palabras clave: Derechos Humanos, Perú, impunidad, indulto humanitario, gracia presidencial.: This article reviews the political and administrative process that ended with the humanitarian pardon and the right of grace signed by the former President of Peru, Pedro Pablo Kuczynski. His decision favoured Alberto Fujimori Fujimori, who was se...

Palabras clave: cuestión de confianza, separación de poderes, relaciones ejecutivo-legislativo. La aplicación de la cuestión de confianza ha venido produciendo cambios que terminaron afectando las relaciones ejecutivo-legislativo, al punto de producir la disolución del Congreso (setiembre, 2019). En este artículo nos proponemos explicar su naturaleza y alcances conforme a la teoría constitucional.

Este comentario forma parte del libro colectivo "La Constitución comentada. Análisis artículo por artículo", comentada por 180 destacados juristas del Perú y editado por Gaceta Jurídica. El  objetivo del artículo es explicar de manera sencilla y didáctica el régimen agrario que la carta magna establece para las comunidades campesinas y nativas, tomando en cuenta su forma de organización y sus características culturales.

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 2°.-Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. 6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. 7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del Juez, con las Artículo 3°.-Derechos Constitucionales. Númerus Apertus La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS Artículo 4°.-Protección a la familia. Promoción del matrimonio La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley. Artículo 5°.-Concubinato La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. Artículo 6°.-Política Nacional de población. Paternidad y maternidad responsables. Igualdad de los hijos. La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta. Artículo 20°.-Colegios Profesionales Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria. Artículo 21°.-Patrimonio Cultural de la Nación Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. Artículo 22°.-Protección y fomento del empleo El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Artículo 23°.-El Estado y el Trabajo El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Artículo 24°.-Derechos del trabajador El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Artículo 25°.-Jornada Ordinaria de trabajo La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. Artículo 26°.-Principios que regulan la relación laboral En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Artículo 27°.-Protección del trabajador frente al despido arbitrario La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Artículo 28°.-Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. Artículo 29°.-Participación de los trabajadores en las utilidades El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES Artículo 30°.-Requisitos para la ciudadanía Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral. Artículo 31°.-Participación ciudadana en asuntos públicos Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.

Acto constituyente, momento preconstituyente, destituyente y constituyente, proceso constituyente, asamblea constituyente, convención constitucional, congresista o convencional constituyente, referéndum o plebiscito constituyente, sustitución, reforma parcial o total, en fin: Nueva Constitución. La doctrina constitucional se ha dedicado a estudiar los diferentes conceptos y etapas del proceso en el que surge una nueva norma fundamental, un nuevo Estado Constitucional; sin embargo, pocos –además de los historiadores del derecho que recogen los contenidos de los diarios de debate del órgano constituyente, independientemente de cómo se le denomine– pueden dar un testimonio real de inicio a fin de un proceso constituyente, salvo –quién sino– los propios protagonistas. Quienes vivieron la ilusión y conocieron al monstruo desde adentro.

The pardon and right of grace granted to Alberto Fujimori in December 2017 were widely questioned for ethical, political and legal reasons. In the field of Law, the decision was widely claimed as arbitrary and contrary to constitutional and legal norms. This article focuses on International Human Rights Law and assesses how the presidential grace granted contradicts norms from this field of International Law. The authors discuss the inadmissibility of presidential graces in cases of serious human rights violations, the incompatibility of the measure with the rights of the relatives of the victims, the nonobservance of due process, and the lack of necessity and proportionality in the decision.

La presente investigación se justifica de la constatación de rasgos de inestabilidad política en el Perú cuando el Presidente de la República cuenta con mayoría opositora parlamentaria compuesta por una o dos fuerzas políticas y no haya concretado acuerdos de gobernabilidad; dicho escenario evidencia una alta incidencia de crisis políticas importantes, generándose en no pocos casos rupturas del orden constitucional. Conforme con ello, y ubicándose siempre dentro del marco del régimen político peruano, se propone mejorar el tratamiento de la disolución parlamentaria a cargo del Presidente de la República a efectos que, en caso de configurarse el escenario indicado, la inestabilidad que pueda surgir encuentre cauces de desfogue. Los supuestos teóricos en las que se sustenta son: primero, que todo cambio de las normas constitucionales correspondientes a las relaciones entre los órganos ejecutivo y legislativo puede ser beneficioso si cuenta con la debida fundamentación y no desvirtúa l...

Es difícil establecer de manera medianamente precisa cómo se percibe en el Perú el proceso constituyente chileno. En la relación entre ambos se plantea la existencia de un “efecto espejo”, curiosa noción según la cual aquello que ocurre en un país tiene su símil o proyección en el otro. Al norte del límite existe una mayor raigambre a este fenómeno, especialmente en Lima. Este hecho, a su vez, implica que el monitoreo peruano sea una constante, presente en especial en los circuitos más ilustrados. Con todo, la atención permanente a los procesos en Chile es una realidad, que por lo demás, tiene como efecto un rebote inevitable en la contingencia local.

Resumen: El indulto y derecho de gracia concedidos a Alberto Fujimori en diciembre de 2017, fueron ampliamente cuestionados por razones éticas, políticas y jurídicas. En el ámbito del Derecho, se presentaron argumentos que evidenciaron la arbitrariedad de la medida con normas constitucionales y legales. Este artículo se enfoca en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y evalúa de qué modo la medida otorgada contravino normas de esta rama del Derecho Internacional. Los principales aspectos radican en la improcedencia de las gracias presidenciales en casos de graves violaciones de derechos humanos, la incompatibilidad de la medida con derechos de los familiares de las víctimas, la inobservancia de garantías del debido proceso y, la falta de necesidad y proporcionalidad en la decisión.

Constitución Política del Perú
Nuevo Código Procesal Constitucional
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional
Reglamento del Centro de Estudios Constitucionales
Resolución que crea el Sistema de Supervisión de Cumplimiento
de Sentencias del Tribunal Constitucional y aprueba su Reglamento
Declaración Universal de Derechos Humanos
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

The pardon and right of grace granted to Alberto Fujimori in December 2017 were widely questioned for ethical, political and legal reasons. In the field of Law, the decision was widely claimed as arbitrary and contrary to constitutional and legal norms. This article focuses on International Human Rights Law and assesses how the presidential grace granted contradicts norms from this field of International Law. The authors discuss the inadmissibility of presidential graces in cases of serious human rights violations, the incompatibility of the measure with the rights of the relatives of the victims, the nonobservance of due process, and the lack of necessity and proportionality in the decision.

Este artículo reflexiona en torno a las atribuciones para celebrar tratados que tienen el Congreso y el Presidente de la República a la luz del derecho interno peruano y del Derecho Internacional (en especial, de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados), teniendo en cuenta las discusiones que surgieron entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo con respecto a la ratificación del Tratado de Extradición entre la República de Perú y la República Francesa de 2016.
Las normas internas aplicables a la celebración de tratados en el Perú establecen que el Presidente de la República es el único que está facultado para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado al ratificarlo, lo cual tiene efectos jurídicos internacionales. La atribución del Congreso de aprobar los tratados cuyas materias están previstas en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú
de 1993 implica el control parlamentario a los actos del Presidente. No obstante, el Congreso no puede obligar al Presidente de la República a ratificar un tratado (como se discutió con relación al Tratado de Extradición entre la República de Perú y la República Francesa) ni es competente para emitir una ratificación

El presente derecho contemplado en el artículo 65 de la Constitución Política del Perú, ha sido desarrollado por el autor para dar nociones básicas sobre la finalidad que busca lograr tal disposición. En ese sentido espero sea gran utilidad para los estudiantes, profesionales y demás interesados ​​en aprender sobre temas.

Existe cierto consenso en que es en lo relativo al Régimen Económico donde la Constitución de 1993 presenta mayor cantidad de cambios sustantivos respecto a la anterior Constitución de 1979. Ello no obstante, el nuevo Régimen Económico es la parte de la constitución vigente sobre la que menos discrepancias insalvables se han expresado entre los especialistas del país. Poco se ha reflexionado hasta el momento, empero, acerca de la vinculación entre el nuevo régimen económico constitucional y la política exterior peruana, la cual también se encuentra en un proceso de redefinición para su mejor adecuación a las cambiantes realidades nacionales e internacionales. Esta es precisamente la reflexión que intento abordar ahora. Empezaré refiriéndome a la contribución del nuevo régimen económico constitucional al proceso de reconstrucción del Estado Peruano, pues estimo que no es posible discernir la contribución potencial de dicho régimen a la política exterior si no se entiende a cabalidad el vínculo indisoluble entre esta última y el Estado al que proyecta. No debemos olvidar que la política exterior-en su acepción más simple y amplia-no es otra cosa que la forma como un Estado se proyecta en el plano internacional.

El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado por graves crímenes  contra  los  derechos  humanos,  fue  liberado  de  prisión  mediante  un  indulto  presidencial  en  el  año  2017.  También  se  le  otorgó  el  derecho  de  gracia  respecto  a  otros  procesos  en  curso.  Estas  medidas  contaron  con  respaldo político y apoyo popular mayoritario, según las encuestas de opinión pública de la época. No obstante, en pocos meses, el Poder Judicial peruano las inaplicó, basándose en los estándares fijados por la Corte Interamericana de  Derechos  Humanos.  Fujimori  fue  arrestado  y  devuelto  a  la  cárcel.  Comparativamente, este resultado es singular. El artículo busca entender qué podría explicar el comportamiento resuelto a favor de los derechos humanos de los jueces peruanos que participaron en estas decisiones. Argumenta que este  podría  responder  a  dos  procesos  iniciados  en  la  transición  democrática del  año  2000:  el empoderamiento  judicial  (aumento  de  independencia  y  poderes  de  los  jueces)  y  un  cambio  en  la  cultura  jurídica  del  positivismo  al  neoconstitucionalismo.  Ambos  procesos  son  definidos  y  analizados  con  referencia  a  doctrina  destacada  de  los  campos  de  la  justicia  transicional  y  los  estudios  sociojurídicos.  Adicionalmente,  el  artículo  busca  contribuir  a  identificar  las  condiciones  bajo  las  cuales  el  control  de  convencionalidad  interamericano puede llegar a tener un impacto decisivo.

El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución: CONSTITUCION POLITICA DEL PERU TITULO I DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD CAPITULO I DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA Artículo 1º La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 2º Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. 6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. 7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del Juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.

El Perú se ve desgarrado por una de las crisis políticas más importantes y devastadoras desde la falaz renuncia, vía fax, del expresidente Alberto Fujimori. El teórico suizo Albert Beguin, en su ensayo "La función de la crítica literaria", determina que un crítico literario-pedagogo tiene que ser capaz de detectar los síntomas de la época en la que habitan sus lectores, pues, "una obra literaria válida" mantiene una relación tripartita con los escritores, los lectores y su momento histórico. En consecuencia, si es que los críticos literarios toman partido por darle una función social a su labor, deben conservar la mesura y ética para describir aquellos síntomas de la civilización en crisis, sin la voluntad extremista de ideologizar a sus lectores. En la reseña de hoy, abdicaremos de la intención de tomar partido de cuestiones extraliterarias-sin olvidar en ningún momento nuestros problemas vigentes-. Por ende, les proponemos ver juntos una serie 5 estrellas (que bien podría ser calificada por espectadores, lectores y teóricos como una clase magistral de política contemporánea). "House of Cards", protagonizada en sus mejores momentos por la cohesión maquiavélica y triunfal de Frank y Claire Underwood-personajes representados por los gigantes de la actuación Kevin Spacey y Robin Wright-nos envuelve en un laberinto de mentiras que reflejan complots y falsedades entre jaurías de políticos; sin los cuales sería imposible el ascenso hacia oficina oval de la Casa Blanca. Habría que preguntarnos, ¿aquel drama político norteamericano se encuentra demasiado lejos de nuestra cruda realidad hispanoamericana? Pactos por debajo de la mesa, traiciones y confabulaciones entre personajes aparentemente "decentes", injusticias, asesinatos y un total desprecio en relación a la sociedad a la cual, irónicamente, están destinados a gobernar; se evidencian en "House of Cards" como síntomas latentes de la política global en el siglo XXI, la misma que no entiende de empatía ni pandemias, y nos desgarra con sus traiciones revestidas de discursos estilísticos; corrupción institucional desplegado en rostros jóvenes y no tan jóvenes; y esa indefectible repetición de errores que siguen desangrando las venas de nuestro continente, como determinó el sabio Uruguayo Eduardo Galeano en su obra más recordada: "Las venas abiertas de América Latina".

"House of cards": ¿ficción o realidad?  El Perú se ve desgarrado por una de las crisis políticas más importantes y devastadoras desde la falaz renuncia, vía fax, del expresidente Alberto Fujimori. El teórico suizo Albert Beguin, en su ensayo "La función de la crítica literaria", determina que un crítico literario-pedagogo tiene que ser capaz de detectar los síntomas de la época en la que habitan sus lectores, pues, "una obra literaria válida" mantiene una relación tripartita con los escritores, los lectores y su momento histórico. En consecuencia, si es que los críticos literarios toman partido por darle una función social a su labor, deben conservar la mesura y ética para describir aquellos síntomas de la civilización en crisis, sin la voluntad extremista de ideologizar a sus lectores. En la reseña de hoy, abdicaremos de la intención de tomar partido de cuestiones extraliterarias-sin olvidar en ningún momento nuestros problemas vigentes-. Por ende, les proponemos ver juntos una serie 5 estrellas (que bien podría ser calificada por espectadores, lectores y teóricos como una clase magistral de política contemporánea). "House of Cards", protagonizada en sus mejores momentos por la cohesión maquiavélica y triunfal de Frank y Claire Underwood-personajes representados por los gigantes de la actuación Kevin Spacey y Robin Wright-nos envuelve en un laberinto de mentiras que reflejan complots y falsedades entre jaurías de políticos; sin los cuales sería imposible el ascenso hacia oficina oval de la Casa Blanca. Habría que preguntarnos, ¿aquel drama político norteamericano se encuentra demasiado lejos de nuestra cruda realidad hispanoamericana? Pactos por debajo de la mesa, traiciones y confabulaciones entre personajes aparentemente "decentes", injusticias, asesinatos y un total desprecio en relación a la sociedad a la cual, irónicamente, están destinados a gobernar; se evidencian en "House of Cards" como síntomas latentes de la política global en el siglo XXI, la misma que no entiende de empatía ni pandemias, y nos desgarra con sus traiciones revestidas de discursos estilísticos; corrupción institucional desplegado en rostros jóvenes y no tan jóvenes; y esa indefectible repetición de errores que siguen desangrando las venas de nuestro continente, como determinó el sabio Uruguayo Eduardo Galeano en su obra más recordada: "Las venas abiertas de América Latina".

Sumario: 1. ¿Qué es un habeas corpus? 1.1 Una breve definición. 1.2. La razón de ser del habeas corpus y los procesos constitucionales de la libertad. 1.3. ¿Por qué proteger la libertad individual? 1.4. Dos características esenciales del habeas corpus. 1.4.1 El proceso de habeas corpus debe ser sumario. 1.4.2. El proceso de habeas corpus debe ser informal 2. Habeas corpus: ¿cuándo y cómo? 2.1 ¿Cuándo se interpone el habeas corpus? 2.2 ¿Cómo se interpone el habeas corpus? 2.3 Algunas razones por las que se desestima un habeas corpus 3. Conclusiones Resumen: Con estos apuntes se pretende ofrecer bases teóricas y cierta jurisprudencia, a fin de tener una perspectiva más clara respecto a los fundamentos de este proceso constitucional conocido como habeas corpus. No son pocos los ejemplos sobre el impacto de este proceso constitucional en el Perú, pues al ser el principal garante de la libertad individual, echa raíces en los cimientos más hondos de la Constitución Política; la defensa del ser humano y la protección de su dignidad, son los fines supremos que persigue el Estado. En tal sentido, este fundamento supremo no lograría sostenerse sin la existencia de esta figura jurídica. Por tal motivo, consideramos lo siguiente: que el hombre injustamente privado de su libertad, cuya dignidad se degrada por ese motivo, no podrá sufrir menos agravios mientras le sea imposible recurrir este proceso constitucional, haciéndolo para defender su libertad con el escudo que la Constitución le concede. Abstract: These notes are intended to offer theoretical bases and some jurisprudence, in order to have a clearer perspective regarding the foundations of this constitutional process known as habeas corpus. There are many examples of the impact of this constitutional process in Peru, since being the main guarantor of individual freedom, it takes root in the deepest foundations of the Political Constitution; the defense of the human being and the protection of his dignity are the supreme ends pursued by the State. In this sense, this supreme foundation could not be sustained without the existence of this legal figure. For this reason we consider the following: that the man unjustly deprived of his liberty, whose dignity is degraded for that reason, will not be able to suffer less grievances as long as it is impossible for him to appeal this constitutional process, doing so to defend his freedom with the shield that the Constitution concedes.

El presente caso de hábeas corpus presentado por la hermana de Keiko Fujimori en favor de esta última, nos plantea cuatro derechos fundamentales supuestamente vulnerados en el desarrollo del proceso cautelar de prisión, donde en primera instancia se le aplicó la medida por 36 meses y en apelación se redujo a 18 meses. Siendo esto así, Keiko saldría en abril de 2020. Los derechos invocados por Sachi Fujimori en beneficio de su hermana son: