Spanish Administrative Law

Este trabajo examina los problemas más importantes que presenta la concreción del círculo de los sujetos pasivos en el delito de dopaje, provocados por la precipitación y la descuidada técnica legislativa empleada en su regulación. Se ofrece un detallado análisis de cada una de las categorías de deportistas que figuran en la descripción legal con el objetivo de mostrar las dificultades que se plantean a la hora de formular una apreciación razonable del alcance del tipo, como por ejemplo algunas lagunas que determinan la exclusión injustificada de ciertos deportistas de la formulación típica. Y se presenta una propuesta de interpretación que trata de dar coherencia al delito desde la perspectiva de la salud como bien jurídico protegido, dentro de los límites que permite el necesario respeto del principio de legalidad.

Mucha ha sido la polémica que siempre ha acompañado a la aplicación del Pasaporte Biológico y con ello, los recelos de deportistas, representantes de instituciones deportivas y naturalmente, de operadores y actores jurídicos. La controversia que se extendió en los comienzos desde la misma fiabilidad de esta herramienta hasta incluso su encaje constitucional y su eventual contradicción con derechos fundamentales del deportista han ido aplacándose con el paso del tiempo, al compás de la generalización de su empleo en todo el mundo y especialmente, en los países que más recursos destinan a las políticas públicas de promoción, protección y desarrollo de la actividad deportiva. En nuestro país, sin embargo, aún resuenan en ocasiones las voces críticas que recelan del empleo de este medio probatorio, y en tiempos recientes y a propósito de la nueva legislación antidopaje que habrá de adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la normativa internacional, se ha cuestionado la necesidad de juri...

HAL is a multidisciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. AVIS relatif aux conditions sanitaires pour les regroupements familiaux et/ou amicaux à l'occasion des fêtes de fin d'année dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 (HCSP, Avis et Rapports)

Análisis de las claves que permiten interpretar la ley antidopaje, Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre. La ley antidopaje conforma un nuevo marco normativo derivado tanto de la voluntad política de erradicar el uso de sustancias y métodos prohibidos, como de la perentoria necesidad de adaptar nuestra regulación a las exigencias contenidas en el Código Mundial Antidopaje. En particular se comentan y analizan los artículos 50 a 52 de la ley

The growing preoccupation with doping in sport, not only for the serious risk that it poses to public and individual health but also for the distorting of competition, has led to an everincreasing publification of the fight against doping within the frame of a classical public intervention in sport, joining in the already complex organizing scheme of international sport. The UNESCO International Convention against Doping in Sport, ratified by Spain and into force since February 2007, is the best example of this protagonism of Public International Law and the resulting international harmonization of control procedures in tune with the World Anti Doping Code, whose principles and technical standards are assimilated with a binding nature. A priviledge international context and comparative Law where the Organic Law 7/2006 appears, on the 21st November, fruit of the Spanish legislator’s resolute will to face the constant challenges of such practices from an integral and armonized perspec...

Cette contribution analyse le traitement juridique de la crise de la Covid-19 par l’Espagne. Elle souligne la spécificité de la situation espagnole, en raison à la fois des limitations importantes apportées aux droits fondamentaux, et à la centralisa- tion des pouvoirs induites par la gestion de la crise, situation qui fait l’objet de cri- tiques importantes à cet égard.

This contribution analyzes the judicial treatment of the VIDOC-19 crisis by Spain. It underlines the specificity of the Spanish situation, due both to the important limitations on fundamental rights and to the centralization of powers induced by the management of the crisis, a situation that is subject to important criticisms in this respect.

Los esfuerzos por erradicar el dopaje en el deporte están llevando a las autoridades nacionales y organizaciones privadas a imponer medidas de control cada vez más exigentes sobre los deportistas. Afectando muchas de ellas a sus derechos fundamentales, el principal reto radica en la necesidad de establecer un equilibrio entre los medios y fines a emplear para lograr aquel objetivo. El presente trabajo se centra en el trato dispensado al derecho a la intimidad, uno de los derechos fundamentales más afectados por esta lucha, siendo necesario distinguir entre el régimen aplicable a la localización del deportista y el tiempo reservado a su descanso nocturno.

La Ley Orgánica 3/2013 no solo legitima la apertura de procedimientos
sancionadores en los casos en los que existe un resultado analítico adverso, sino que la incoación de los mismos también se puede dar por el conocimiento de hechos o la recepción de pruebas derivadas de las causas penales en materia de dopaje, pudiendo la AEPSAD asimismo proceder a la imposición de la medida de suspensión provisional sobre el expedientado, siempre y cuando se le conceda previamente un primer trámite de audiencia.

Parece que el Derecho Deportivo español se encuentra próximo a resolver una de las grandes cuestiones jurídicas debatidas actualmente en el ámbito de la lucha contra el dopaje: ¿cuenta nuestro Pasaporte Biológico con la cobertura legal necesaria para ser utilizado como prueba de cargo contra un deportista nacional? En otras palabras, se suscita la duda de si puede la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) utilizar el Pasaporte Biológico, no regulado por el momento en el Derecho interno, con fines sancionadores. La respuesta –a falta de que esta cuestión sea revisada
por el Tribunal Administrativo del Deporte y potencialmente por las autoridades judiciales– debe ser afirmativa, ya que recientemente se ha impuesto por primera vez en la historia de la Agencia una sanción por dopaje basada en el Pasaporte Biológico.

La reforma de 2013 ha sido, incluso tras los diluidos planteamientos respecto de lo que fueron algunos de sus objetivos iniciales con que quedó plasmada legalmente (Santamaría Pastor, 2014), el mayor intento de reforma del régimen local español desde su implantación en los perfiles que actualmente conocemos con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985 (LRBRL). Podemos, sin embargo, considerar que en todos y cada uno de los referidos ejes esenciales las orientaciones de la misma, casi tres años después de su aprobación, se han manifestado como fracasadas, bien por la incorrecta evaluación de la efectiva necesidad de una reforma en ese punto, bien por la incapacidad de la norma para impulsar cambios efectivos, bien por la patente equivocación en algunas de las finalidades perseguidas, que el tiempo ha puesto si cabe más de relieve. Así, la reforma apostó por la fusión de los ayuntamientos y la consiguiente reducción del número de municipios, pero no ha logrado ni que ésta se haya producido ni que, previsiblemente, vaya a ponerse en marcha con una masa crítica mínimamente significativa. Adicionalmente, apostó por fortalecer la actividad prestadora de las Diputaciones provinciales, cegando otros modelos de prestación y garantía de los servicios públicos de escala su- pramunicipal, sin que se hayan visto grandes beneficios como consecuencia de ello y, además, imponiendo una serie de tareas a estos órganos para las que en no pocos casos -provisión de los medios para la importante re- forma administrativa impuesta por las reformas en materia de procedimiento electrónico derivadas de las leyes 39/2015 y 40/2015 en los municipios de menos de 20.000 habitantes- ya se están mostrando como francamente incompetentes. En el tercero de los aspectos referidos, apostó por un modelo de determinación de las compe- tencias locales rígido y limitado, donde además se excluía la participación de las Comunidades Autónomas, que fue muy criticado doctrinalmente por erróneo, poco razonable y, además, contrario al reparto constitucional en materia de competencias, cuestiones que parecen todas haberse verificado con el paso del tiempo, incluyendo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional ya intervenidos, dado que éste, en sus Sentencias 41/2016 y 111/2016, ha enmendado la plana al legislador de forma muy significativa en materia competencial. Tampoco en materia de financiación y suficiencia la reforma ha aportado, en la práctica, nada diferente a recortes: ni lograr una mejora apreciable en la garantía y autonomía de la financiación local ni perseguir una mejor distribución de los recursos, más redistributiva, eran objetivos en realidad de la misma, por lo que siguen siendo cuentas pendientes de nuestro régimen local. Por último, las reformas planteadas en las formas de prestación de los servicios públicos, destinadas en teoría a lograr una mayor eficiencia, no han tenido otro efecto jurídico que alentar la privatización de la prestación de los servicios públicos municipales, poniendo con ello en grave riesgo algunos servicios sociales. Ello en un momento en que, precisamente, la ciudadanía es más consciente tanto de la necesidad de los mismos y de lo peligroso de los recortes en un contexto de severísima crisis social como el que vivimos, como de las garantías asociadas a la prestación pública de los mismos. Por esta razón tiene senti- do, aprovechando la experiencia acumulada, revisar las orientaciones de la reforma de 2013, analizar las causas de su fracaso y esbozar posibles soluciones a los retos todavía pendientes respecto de estos nucleares aspectos del diseño de nuestro gobierno local.

La primera parte del Código establece las normas y principios concretos
antidopaje que deben seguir las organizaciones responsables de adoptar,
aplicar y hacer cumplir las normas antidopaje en sus respectivas
jurisdicciones, es decir, el Comité Olímpico Internacional, el Comité
Paralímpico Internacional, las Federaciones Internacionales, los Comités
Olímpicos y Paralímpicos Nacionales, las Organizaciones Responsables de
Grandes Eventos y las Organizaciones Nacionales Antidopaje. En lo
sucesivo, todas estas organizaciones se denominarán en su conjunto
Organizaciones Antidopaje.

In this paper, we try to define 'national traditions' in Spanish Public Law by reviewing Spanish Constitutional History, specially its evolution along the 20th century (Republic, francoism, democratization in the 70s and the EU accession). Using some criteria defined by scholars like Le Sueur, Gonod, Edelstam or Schmidt-Aßmann, this paper characterizes Spanish Public Law as rather authoritarian, even though Spanish Constitution of 1978 and the fact of being a Member of the European Union since 1986.  The idea that an "administrative authority" should be in charge of public affairs, and thus enjoying a very large room of manoever, is deeply rooted in the general mood of Spanish administrative legal order and citizens. This feature explains some other "traditions" of our Public Law, such as its capacity to formally change and evolve... as long as the elites (administrative, political, economical and social ones) in charge accept this evolution.

“Administrative Silence” is the name that in Spanish administrative law receives the fact that one public Administration does not respond to a request, claim, petition or demand in the term and manner that it has established for it.  It gives rise to presumed administrative act. This administrative silence operates like a mechanism that allows, in case of inactivity for want of resolution in administrative procedures, to impute to in question administration a presumed administrative act, that will have the condition of true act, in case the rules of form it to the silence like estimative and that, on the contrary, will be mere legal fiction, if it is formed like negative...

Si fueran cuatro competiciones al año, vale, pero en nuestro deporte, si ni mi tío ni mi madre saben dónde estoy. Que yo tenga que mandar un mensaje o estar asustado porque tenga que hacer un cambio un día, porque a las tres veces que no estés a esa hora te sancionan directamente como dopaje. Me parece una falta de intimidad tremenda…» 1