Derecho Público

Intervención en la ciudad existente: las actuaciones de rehabilitación en las reformas legislativas del período RESUMEN: Los entornos urbanos son actores privilegiados para hacer frente a los principales problemas que se plantean en el escenario de cambio global. Sin embargo, es en ellos donde más se constata la falta de respuestas jurídicas a los problemas que desencadenan las dinámicas económicas. El artículo pone de manifiesto que la transición hacia un cambio de modelo urbano precisa de un marco jurídico estatal riguroso, que favorezca una acción concertada y coordinada en todos los niveles y escalas de los plurales factores que confluyen en eso que se ha dado en llamar la ciudad existente, que facilite las actuaciones de regeneración de los tejidos urbanos con un enfoque global e integrador del entero espacio urbano, que promueva simultáneamente todas las dimensiones de la sostenibilidad, la energética, medioambiental, económica, social y cultural, no siendo ya ni útiles ni suficientes, y menos si son especulativas, las aproximaciones de carácter específicamente urbanístico. Las reformas legislativas aprobadas por el Gobierno español en el período 2010-2011, pretendiendo facilitar la intervención sobre las estructuras urbanas existentes mediante previsiones referidas a las actuaciones de rehabilitación, no proporcionan el marco jurídico claro y riguroso que las mismas precisan. DESCRIPTORES: Derecho urbanístico. Desarrollo urbano. Sostenibilidad urbana. Rehabilitación. Regeneración urbana. Enfoque integrado.

Es una exigencia del Estado de Derecho que las sentencias que adquieren firmeza con efecto de cosa juzgada sean respetadas y cumplidas en sus propios términos.  Entre ellas se encuentran, como no podía ser de otra manera, las sentencias que como consecuencia de considerar ilegal la licencia concedida para una edificación, ordenan su derribo. Pero la realidad pone de manifiesto, sin embargo, que no existen pronunciamientos más combatidos, cuestionados y eludidos que aquéllos que se enfrentan a los hechos consumados de una edificación, y que la ejecución de las sentencias contencioso-administrativas en materia urbanística es una situación realmente conflictiva y deficitaria

Third-generation rules are those made by the Autonomous Communities of Andalusia, Madrid and Castilla-La Mancha. In these three cases, the legislator, that had previously produced a first legal text of general scope in the nineties, has proceeded with the publication of another new rule which abolishes the previous one. In this work, the way this new rule addresses the need to make the protective Spanish legal system into a really effective legal system, as well as its links with the 1985 Spanish Historical Heritage state level law are analyzed. One characteristic of the protection regime of the cultural heritage in Spain lies in the way the laws of the Autonomous Communities coexist with the state level law. The passive attitude of the General Administration of the State is shown here because it has not reacted to some legislative developments of the Autonomous Communities. A turning point in this situation is the Constitutional Court ruling 122/2014, of 17 July 2014, which resolves the constitutional challenge in relation with different provisions of the Assembly of Madrid Law 3/2013, of 18 June, on historical heritage of Madrid Autonomous Community. The Court has indicated the policy areas that are restricted to the Autonomous Communities because they are not within their power.

Catedrático de Derecho Constitucional Es cierto que en tiempos de crisis se tiende a hacer cuestión de todo. No es menos cierto que el Estado de las Autonomías ha sido, probablemente, el asunto constitucional más controvertido desde la aprobación de la Constitución española. En esto no somos nada originales, porque la cuestión nacional ha sido una constante, en ocasiones trágica, de la historia constitucional española. ¿Qué error genético contiene el diseño constitucional de nuestra forma territorial de Estado como para que siga siendo asunto polémico el modelo territorial español de reparto del poder político? ¿Por qué seguimos haciéndonos 35 años después la pregunta hamletiana sobre el ser o no ser de nuestra forma territorial de Estado hasta el punto de demandar la revisión de la Constitución de 1978 para poner punto y final a la zozobra territorial? La probable respuesta a estas preguntas sea que el modelo se diseñó para hacer lo que no se quería decir abiertamente en el texto constitucional, convertirnos en un Estado federal. Y para lograr ese juego de ilusionismo, fue necesario alumbrar una idea feliz en el año 1978: las autonomías. Pero esa idea estaba preñada de indefiniciones y ambigüedades. Un modelo de Estado tan abierto a múltiples posibilidades (hasta la de que no hubiese más autonomías que las "históricas": Cataluña, País Vasco y Galicia) que se ha agotado en su propia desorientación. Roberto Blanco, en su imprescindible libro "Los rostros del federalismo", recuerda las palabras de Ronald Watts al referirse a España: "España es una federación en todo menos en el nombre". No deja de ser curioso que, algo que tienen muy claro los federólogos foráneos al clasificar nuestro país, aquí, por el contrario, siga siendo objeto de discusión. La cuestión no es si queremos ser o no federales, porque ya lo somos; tampoco avanzar o no en más federalismo, porque el asunto no es de cuantas competencias se tienen; no, la cuestión es qué modelo de Estado federal queremos ser.

el papel que desempeñan los medios en una sociedad democrática, el régimen jurídico que se establece para los medios de comunicación y los problemas a los que se enfrenta el legislador en orden a garantizar la libertad y la expresión del pluralismo social en los procesos de la comunicación.

En esta encuesta un grupo de profesores de Derecho Constitucional contestan un conjunto de preguntas sobre la independencia de los medios de comunicación, y, especialmente, sobre la necesidad de atender a la libre formación de la opinión pública, el papel que desempeñan los medios en una sociedad democrática, el régimen jurídico que se establece para los medios de comunicación y los problemas a los que se enfrenta el legislador en orden a garantizar la libertad y la expresión del pluralismo social en los procesos de la comunicación. In this academic survey a group of Constitutional Law Professors answer some questions about the situation of mass media in a democratic system and specifically about the role of public opinión in a democratic State, the role of the media in the development of the public opinión, the legal framework of the media and the problems that the legislator faces in order to guarantee the freedom and the social pluralism expression in the communication processes

SUMARIO: 1. Introducción. -2. El estado de la cuestión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 2.1. La doctrina. 2.2. La crítica a la doctrina. -3. El planteamiento del problema. Derechos fundamentales y forma de Estado. 3.1. Los derechos fundamentales no son "materias" competenciales. 3.2. Los derechos fundamentales como elementos estructurantes del Estado. 3.2.1. Los derechos fundamentales como parte de la Gesamtverfassung. 3.2.2. La función unificante de los derechos fundamentales en los Estados compuestos. 3.3. Competencias legislativas y derechos fundamentales: artículos 53, 81 y 149.1.1 CE. -4. Alguna cuestión de teoría general de los derechos fundamentales. La uniformidad de su definición constitucional. 4.1. La definición constitucional de los derechos fundamentales y su indisponibilidad. 4.2. El legislador de los derechos fundamentales. -5. Una interpretación constitucionalmente conforme del artículo 149.1.1 CE. 5.1. La igualdad en la diversidad. Los derechos fundamentales: artículos 139 y 149.1.1 CE. 5.2. La unidad en la igualdad: el artículo 149.1.1 CE. 5.3. Las competencias de las CC.AA. para la mayor garantía de los derechos. -6.

Estas reflexiones se expusieron en forma de conferencia durante las IV Jornadas sobre Justicia Constitucional celebradas en Toledo en noviembre de 2003, organizadas por el Área de Derecho Constitucional de su Universidad, que tuvieron la amabilidad de invitarme a participar en ellas. He tratado de reflejar en estas páginas las agudas observaciones que a mi exposición hicieron sus miembros, así como las de Paloma Requejo que tuvo la amabilidad de leer estas líneas antes de su publicación. 1 Memoria del Tribunal Constitucional correspondiente al año 2002.

El presente articulo examina de manera pormenorizada la regulacion vigente relativa a la sancion administrativa de la conduccion bajo los efectos del alcohol, extendiendose tambien a la conducta sancionable consistente en negarse a someterse a las pruebas de deteccion de alcohol. Este analisis se hace teniendo muy en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional sobre estos tipos administrativo y especialmente en su manifestacion penal, y la de la Jurisdiccion ordinaria en particular sobre el modo de proceder en la practica de las pruebas de deteccion de alcohol. La tesis de este trabajo es que la reciente reforma legal de 2009 de la Ley de Seguridad Vial y antes en el ano 2007 del Codigo Penal ha tratado de esclarecer y deslindar con un exito y acierto relativos los ambitos sancionadores administrativos y penal que hasta la fecha recaian sobre las mismas conductas (conducir bajo los efectos del alcohol y negarse a someterse a las pruebas etilometricas), y que tenian el efecto de r...

en adelante, LOPD). El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha declarado en su Sentencia 292/2000 que la protección de los datos personales es un derecho fundamental que deriva del art. 18.4 de la Constitución Española de 1978 (en adelante, CE). Como tal, si se me permite la expresión, tiene una vida propia al margen de la LOPD, limitándose ésta a desarrollar el derecho, y a regular su ejercicio en alguno de sus extremos, en aquellos ámbitos que resultan de lo dispuesto en sus arts. 2 y 3; pero que no agota el ámbito de aplicación del derecho fundamental a la protección de los datos personales. Adviértase, además, que la aplicación de la LOPD, además, está condicionada a que el datos personal sea objeto de registro «en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado» (art. 2.1 LOPD); considerándose «tratamiento» a las «operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias» (art. 3. c) LOPD). La forma más gráfica de explicar esto es que, después de las SSTC 290 y la STC 292/2000, sería indiferente que existiese o no la LOPD o una norma regulado-1. Este texto es la transcripción revisada de la intervención de su autor en el Curso cuyas ponencias constituyen el contenido de este libro. Aprovecho estas líneas para agradecer al profesor Vicenç Aguado, y a la Escola de Policia de Catalunya, en la persona de su Director, don Joan Mauri i Majós, su amable y generosa invitación para que participara en este prestigioso Curso sobre seguridad Pública y privada.

Ignacio Villaverde Menéndez un error atès que la jurisprudència del TEDH i del TC han afirmat de forma reiterada que el coneixement d'aquestes dades objectives també cal integrar-lo dins el camp de garanties de l'article 18.3 de la Constitució.