Administrative precedent

Este estudo visa analisar a segurança jurídica e o dever de fundamentação sob a ótica do Direito Administrativo e do Direito Processual Civil, a fim de verificar uma possível relação de complementaridade entre eles. Essa discussão torna-se especialmente relevante em um contexto no qual gestores públicos evitam tomar decisões, por temer o controle rígido das instâncias controladora e judicial. Assim, analisa-se a segurança jurídica sob o viés das alterações trazidas pela Lei nº 13.655/2018, que busca garantir maior confiabilidade, previsibilidade e eficiência às decisões da Administração. Nesse cenário, pretende-se verificar possíveis contribuições do Processo Civil na aplicação de dispositivos abstratos que constam na Lei nº 13.655/2018, especialmente no que toca à motivação das decisões. Diante disso, são trazidos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e de leis infraconstitucionais, assim como ensinamentos da doutrina sobre o tema, e julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a título ilustrativo. Dessa forma, busca-se contribuir para o aumento da segurança jurídica na tomada de decisões administrativas, auxiliando tanto os administrados quanto os administradores.

En este comentario se analizan los argumentos desarrollados por la Corte para declarar la constitucionalidad de la disposición demandada. Este análisis se realiza a partir del estudio de los que a nuestro juicio son los temas principales que aborda la sentencia: en primer lugar, el sistema o modelo de aplicación de las normas de libre competencia vigente en Colombia y, en segundo lugar, el valor del precedente administrativo y su regulación a través de la figura de la "doctrina probable".

Resulta innegable la importancia del trato igualitario que debe ser brindado a los ciudadanos y la predictibilidad de la Administración Pública al resolver sus controversias o solicitudes. En el referido contexto, el precedente administrativo resulta una herramienta importante para la consecución de los referidos fines, permitiendo que la actuación de las Administraciones Públicas brinde seguridad jurídica y se eviten situaciones de arbitrariedad.

O artigo apresenta o instituto do precedente administrativo como maneira de justificação das decisões administrativa a partir da Lei federal n° 9.784/99. Para tanto, são apresentados os elementos principais da Lei federal, revelando a estrutura interna, e o contexto da transformação da administração pública brasileira na década de 1990. Após, discute-se como o tema da processualização contribuiu para a aplicação de precedentes administrativos e como o Novo Código de Processo Civil se relaciona com o ponto. Na ocasião, características e fundamentos são indicados para justificar a aplicação deste novo instituto no ordenamento pela administração pública, bem como são ressaltadas as dificuldades de operação com precedentes num país sem uma tradição igual à do common law. No final, são apresentados alguns apontamentos de um direito administrativo em transformação.

The importance of providing equal treatment to citizens, and of the predictability of public administration in resolving their disputes or requests is undeniable. In this context, the administrative precedent is an important tool to achieve the aforementioned objectives, allowing the performance of Public Administrations to provide legal certainty and avoid arbitrary situations.

El presente artículo pretende dar a conocer la teoría del precedente administrativo en Colombia, pero de manera particular, demostrar que el precedente administrativo se encuentra inmerso y regulado en el  ordenamiento jurídico Colombiano, dado que, que no solo la Corte Constitucional,  a través de sus precedentes en los que acogió derechos fundamentales, como igualdad, seguridad jurídica; ha consolidado dicha teoría, sino que además, una serie de normatividades ha dado un plus a  la consolidación de dicho precedente en Colombia, como lo fue en un inicio la ley de descongestión judicial (ley 1395 de 2010) y el actual código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo(ley 1437 de 2011).

Sin desconocer la vigencia e importancia de la doctrina probable, desde la promulgación de la Constitución de 1991 el ordenamiento jurídico colombiano, de marcada tradición romano-francesa, empezó a experimentar una aproximación hacia los sistemas de derecho anglosajón, gracias a la labor interpretativa de la Corte Constitucional. Así, a partir de la rígida aplicación de la ley por parte del juez se empezó a abrir camino la aplicación de la teoría del precedente, primero en materia judicial y luego en materia administrativa. Paralelo a esto, en la década de 1990 Colombia emprendió un programa de apertura económica que consagró el modelo de Estado mixto, dentro del cual coexiste la libertad económica con la regulación. De esta manera, la evolución de las fuentes del derecho nacional, aunada a la consagración de un Estado regulador que interviene en la economía, puso de presente el sometimiento de las autoridades administrativas de regulación al precedente judicial y administrativo.

Sin desconocer la vigencia e importancia de la doctrina probable, desde la promulgación de la Constitución de 1991 el ordenamiento jurídico colombiano, de marcada tradición romano-francesa, empezó a experimentar una aproximación hacia los sistemas de derecho anglosajón, gracias a la labor interpretativa de la Corte Constitucional. Así, a partir de la rígida aplicación de la ley por parte del juez se empezó a abrir camino la aplicación de la teoría del precedente, primero en materia judicial y luego en materia administrativa. Paralelo a esto, en la década de 1990 Colombia emprendió un programa de apertura económica que consagró el modelo de Estado mixto, dentro del cual coexiste la libertad económica con la regulación. De esta manera, la evolución de las fuentes del derecho nacional, aunada a la consagración de un Estado regulador que interviene en la economía, puso de presente el sometimiento de las autoridades administrativas de regulación al precedente judicial y administrativo.

Sin desconocer la vigencia e importancia de la doctrina probable, desde la promulgación de la Constitución de 1991 el ordenamiento jurídico colombiano, de marcada tradición romano-francesa, empezó a experimentar una aproximación hacia los sistemas de derecho anglosajón, gracias a la labor interpretativa de la Corte Constitucional. Así, a partir de la rígida aplicación de la ley por parte del juez se empezó a abrir camino la aplicación de la teoría del precedente, primero en materia judicial y luego en materia administrativa. Paralelo a esto, en la década de 1990 Colombia emprendió un programa de apertura económica que consagró el modelo de Estado mixto, dentro del cual coexiste la libertad económica con la regulación. De esta manera, la evolución de las fuentes del derecho nacional, aunada a la consagración de un Estado regulador que interviene en la economía, puso de presente el sometimiento de las autoridades administrativas de regulación al precedente judicial y administrativo.

Sin desconocer la vigencia e importancia de la doctrina probable, desde la promulgación de la Constitución de 1991 el ordenamiento jurídico colombiano, de marcada tradición romano-francesa, empezó a experimentar una aproximación hacia los sistemas de derecho anglosajón, gracias a la labor interpretativa de la Corte Constitucional. Así, a partir de la rígida aplicación de la ley por parte del juez se empezó a abrir camino la aplicación de la teoría del precedente, primero en materia judicial y luego en materia administrativa. Paralelo a esto, en la década de 1990 Colombia emprendió un programa de apertura económica que consagró el modelo de Estado mixto, dentro del cual coexiste la libertad económica con la regulación. De esta manera, la evolución de las fuentes del derecho nacional, aunada a la consagración de un Estado regulador que interviene en la economía, puso de presente el sometimiento de las autoridades administrativas de regulación al precedente judicial y administrativo.

Sin desconocer la vigencia e importancia de la doctrina probable, desde la promulgación de la Constitución de 1991 el ordenamiento jurídico colombiano, de marcada tradición romano-francesa, empezó a experimentar una aproximación hacia los sistemas de derecho anglosajón, gracias a la labor interpretativa de la Corte Constitucional. Así, a partir de la rígida aplicación de la ley por parte del juez se empezó a abrir camino la aplicación de la teoría del precedente, primero en materia judicial y luego en materia administrativa. Paralelo a esto, en la década de 1990 Colombia emprendió un programa de apertura económica que consagró el modelo de Estado mixto, dentro del cual coexiste la libertad económica con la regulación. De esta manera, la evolución de las fuentes del derecho nacional, aunada a la consagración de un Estado regulador que interviene en la economía, puso de presente el sometimiento de las autoridades administrativas de regulación al precedente judicial y administrativo.

Sin desconocer la vigencia e importancia de la doctrina probable, desde la promulgación de la Constitución de 1991 el ordenamiento jurídico colombiano, de marcada tradición romano-francesa, empezó a experimentar una aproximación hacia los sistemas de derecho anglosajón, gracias a la labor interpretativa de la Corte Constitucional. Así, a partir de la rígida aplicación de la ley por parte del juez se empezó a abrir camino la aplicación de la teoría del precedente, primero en materia judicial y luego en materia administrativa. Paralelo a esto, en la década de 1990 Colombia emprendió un programa de apertura económica que consagró el modelo de Estado mixto, dentro del cual coexiste la libertad económica con la regulación. De esta manera, la evolución de las fuentes del derecho nacional, aunada a la consagración de un Estado regulador que interviene en la economía, puso de presente el sometimiento de las autoridades administrativas de regulación al precedente judicial y administrativo.

The importance of providing equal treatment to citizens, and of the predictability of public administration in resolving their disputes or requests is undeniable. In this context, the administrative precedent is an important tool to achieve the aforementioned objectives, allowing the performance of Public Administrations to provide legal certainty and avoid arbitrary situations.

Resumen: Resulta innegable la importancia del trato igualitario que debe ser brindado a los ciudadanos y la predictibilidad de la Administración Pública al resolver sus controversias o solicitudes. En el referido contexto, el precedente administrativo resulta una herramienta importante para la consecución de los referidos fines, permitiendo que la actuación de las Administraciones Públicas brinde seguridad jurídica y se eviten situaciones de arbitrariedad.

Trata-se de estudo sobre os códigos de conduta ou de boas práticas como fontes interpessoais e intrapessoais do direito administrativo. São, ditos códigos, manifestações dos processos de autorregulação, desregulação e corregulação. Evidencia-se, no artigo, a perda do monopólio da criação legislativa pelo Legislativo e demonstra-se a ampliação das obrigações já impostas por lei a quem os subscrevem criando circunstâncias heterovinculativa e autovinculativa da administração. Por fim, discute-se se é legalmente admissível que o órgão detentor de uma margem de liberdade, a discricionariedade, por exemplo, tenha sua liberdade limitada, uma vez que irá fixar, para o futuro, os termos em que realizará sua conduta.

O presente trabalho pretende analisar a aplicação jurídica e os efeitos gerados com a vigência do artigo 30 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, percebendo o que é alterado no contexto jurídico nacional. Primeiro, diferencia-se jurisprudência de precedente. Por conseguinte, esses conceitos são transportados ao contexto do processo administrativo. Com base nessas premissas teórico-dogmáticas, analisam-se os efeitos do referido dispositivo legal. Ao final será apresentada sua utilidade e suas possibilidades de aplicação pelos juristas. Para dar um caráter pragmático, entrega-se, derradeiramente, uma metodologia de como aplicar objetivamente o dispositivo legal analisado. Assim, a presente pesquisa contém uma lista de limites e possibilidades para a aplicação teórico-pragmática do instituto, a partir da revisão bibliográfica proposta. Optou-se por estruturar a pesquisa por meio do método de abordagem dedutivo e exploratório, conformando o detalhamento do tema a partir de precisões dogmáticas, para se conseguir alcançar as conclusões, respondendo quais são os limites e possibilidade de aplicação do mencionado artigo 30 da referida legislação.

Este trabajo pretende aclarar, desde el punto de vista de la
teoría analítica del derecho, si la existencia de precedentes judiciales en
un ordenamiento jurídico implica necesariamente una violación de la
independencia judicial interna (IJI). Para responder a la pregunta, se tratará de esclarecer la manera en la que se está entendiendo la IJI para afirmar que esta se vería afectada por la presencia de un sistema de precedentes (SP). Se procederá del siguiente modo: en primer lugar, se partirá haciendo explícitas las razones por las que resulta necesario ocuparse de este problema. En segundo lugar, se precisará qué quiere decir que haya un SP vinculantes. En tercer lugar, se explicará en qué consiste la independencia judicial, presentándose las razones que justifican la IJI: respeto a la voluntad del legislador e igualdad en la aplicación de la ley. A continuación, presentaré tres aspectos de la IJI que podrían chocar con la presencia de un SP. En el cuarto apartado, se descartará la idea de que los precedentes judiciales son más lesivos —de las razones que justifican la IJI— que atribuir a cada uno de los jueces una competencia no revisable para establecer cómo se debe interpretar y aplicar el derecho. En las conclusiones, se señala que aunque puede haber razones en contra de tener un sistema de precedentes, la IJI no es una de ellas.

j av i e r B a r n e s * Resumen: El presente trabajo pretende explicar las diversas generaciones del procedimiento administrativo para así esbozar, a partir de sus virtudes y déficits, algunos de los valores y principios en juego. Entendemos por administración «imperativa» aquella que opera haciendo uso de potestades públicas y resuelve con carácter unilateral en un proceso jerárquico o en cascada, de arriba hacia abajo, mientras que la «cooperativa» se da cuando la administración no es autosuficiente y requiere de la colaboración de otras administraciones y del sector privado. El proceso no es jerárquico, sino en red. Finalmente, por «gobernanza», sea administrativa o cooperativa, se hace referencia a un nuevo estilo de gobierno, en el cual la administración goza de un particular protagonismo en la realización y ejecución de las políticas públicas. En este orden de ideas, el concepto de «procedimiento administrativo» no se detiene ya en la exclusiva idea de procedimiento como proceso decisorio, sino que también implica la obtención y el intercambio de información -para elaborar un mapa medioambiental, realizar una inspección, recabar informes y estudios científicos, por ejemplo-.

El curso de Argumentación y Redacción Jurídica brinda elementos teóricos para el mejoramiento de la aplicación del derecho por parte de los operadores jurídicos. Por ello comprende contenidos que van desde la motivación de las decisiones judiciales y administrativas hasta el uso de los precedentes judiciales y administrativos, pasando por los tópicos de la interpretación jurídica y la argumentación en materia de hechos. El curso presenta así un panorama sobre el deber y los métodos para justificar racionalmente las decisiones jurídicas.
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The course of Argumentation and Legal Writing provides theoretical framework to improve the application of law by legal operators. Therefore, it includes contents ranging from the motivation of judicial and administrative decisions to the use of judicial and administrative precedents, through the topics of legal interpretation and argumentation. The course thus presents an overview of duty and methods to rationally justify legal decisions.

The importance of providing equal treatment to citizens, and of the predictability of public administration in resolving their disputes or requests is undeniable. In this context, the administrative precedent is an important tool to achieve the aforementioned objectives, allowing the performance of Public Administrations to provide legal certainty and avoid arbitrary situations.

Resumen: Las decisiones administrativas deben sujetarse al interés público no solo al momento de su aprobación sino durante su vigencia, por lo que se hace necesaria una institución como la revocación. Sin embargo, la existencia de la potestad revocatoria de actos administrativos conduce a la afectación de la seguridad jurídica, debido al efecto expropiatorio que tiene sobre derechos y situaciones jurídicas, con lo que se torna necesaria la búsqueda de formulas conciliadoras. En tal contexto, el presente artículo, además de brindar importantes alcances conceptuales, busca identificar los requisitos para la revocación del acto administrativo, ahondar en su estructura operativa, distinguir las clases de revocación existentes y señalar sus diferencias con otras figuras, como la nulidad, la caducidad, entre otras.