Acto Administrativo

El concepto de Estado parece haberse divorciado del interés colectivo de los particulares, que debe promover sus acciones, y generar una verdadera dicotomía entre éstos. La contratación estatal en general y los contratos de concesión en particular enfrentan una contradicción al desvirtuar en la práctica el verdadero sentido de los procedimientos licitatorios no sólo por la existencia de un amplio repertorio de excepciones sino, además, al permitir la adjudicación en los eventos en los que no existe concurrencia de propuesta o a través de la implementación de sistemas de control por medios electrónicos, ajenos a las posibilidades de la mayoria de las entidades públicas del pais. En materia de concesión específicamente se ha terminado desnaturalizando tanto su objeto como las reglas de selección objetiva, más que por problemas de arquitectura de las normas, por la existencia de claras tendencias, al momento de su aplicación e interpretación, encaminadas afavorecer intereses particulares, lo que constituye un freno al desarrollo del país. Palabras clave: Contratos estatales, concesión. 8 N • " ĩ ! The concept of state seems to have divorced from the -{ private collective interests which should promote its ~actions, generating a real dichotomy between them. State ~contracts in general, and the concession contracts in par-.¡j ticular are faced to this contradiction as they devalue in ." ~practice the real sense of the tendering procedures, not • only for the existence of a wide repertoire of exceptions, :¡ but also as it allows the award of contracts in the event there is no proposal concurrence or through the ,.

Resumen
El presente texto tiene por objeto proponer algunos presupuestos metodológicos para el control de decisiones administrativas adoptadas con inteligencia artificial. Si bien el uso de este tipo de herramientas en el ejercicio de potestades públicas plantea nuevos desafíos, esto no debe entenderse como un terreno que escapa de los elementos clásicos de control público. Por el contrario, una interpretación dinámica de los criterios y perspectivas empleados tradicionalmente en el control de estas potestades constituyen insumos capaces de ofrecer algunas respuestas a estas interrogantes (o al menos, una primera aproximación a ellas). Se propone entonces una metodología centrada en el análisis del impacto que la inteligencia artificial podría significar en la juridicidad de los distintos elementos abordados en la “teoría general del acto administrativo”. De esta forma, la descomposición intelectual de la actividad administrativa formal en función de sus elementos esenciales contribuye no solo a una mejor comprensión de la incidencia de la inteligencia artificial en tal actuación, sino que también en la definición misma de su juridicidad.

Buenas tardes a todos. Voy a empezar agradeciendo al profesor titular, Pablo GALLEGOS FEDRIANI, y al comité organizador por la invitación, a Rogelio VINCENTI, a Alberto BIGLIERI y también a Javier CARUSO, que se ha cargado la tarea en un momento en el que por las difíciles condiciones que se presentan en nuestra Facultad, la organización y reprogramación del evento ha sido particularmente compleja. También al público, por supuesto, siempre que venimos a disertar a nuestra casa lo hacemos contentos, y desde ya que no podríamos hacerlo si ustedes no nos acompañaran. Finalmente, y en especial, quiero agradecer a mi equipo docente, que está en pleno hoy conmigo compartiendo este panel que me toca cerrar. La verdad es que merecen ser reconocidos por su rigurosidad abordando los temas y por el compromiso de siempre, es un placer compartir el espacio con ellos. Nos tocó organizar una exposición bastante compleja, el panel de acto administrativo, que de alguna manera a atraviesa prácticamente todos lo demás, por elementos, por caracteres, por los efectos, por la forma de impugnación, por los nuevos casos de procedimientos que van a concluir sin necesidad del dictado de actos administrativos, etcétera.

En el presente artículo se analiza el papel de los jueces nacionales en la aplicación del derecho de la Unión Europea poniendo énfasis en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, a partir de ella, describiendo la cambiante doctrina acerca de los supuestos en los que los jueces pueden inaplicar una ley nacional por entenderla contraria al derecho de la Unión Europea o a la jurisprudencia de Luxemburgo, con referencia también a la incidencia en este tema de la nueva regulación del recurso de casación.

Sumario: I. El acto procesal: una especie del acto jurídico. II. La eficacia del acto procesal. II.1.
Efecto y eficacia. Conceptos. II.2. La eficacia relativa de los actos procesales. III. Validez. IV. Las
formas procesales y la eficacia. V. El principio de instrumentalidad de las formas o finalidad. VI.
Conclusión.

El objetivo perseguido por el presente trabajo de grado es profundizar en uno de los elementos inherentes al acto administrativo, como lo es la presunción de legalidad, y solamente adentrándonos y entendiendo todos sus elementos y requisitos de validez podemos llegar a una opinión crítica más objetiva. Esta presunción es indispensable para el ejercicio de la función pública de las autoridades administrativas, en aras del cumplimiento de los fines esenciales del estado y satisfacer el interés general, pero en ese proceso se cometen claras violaciones al ordenamiento jurídico y se expiden actos que van en contra de la normativa preexistente. Para finalizar llevaremos a cabo un análisis sobre las sentencias judiciales que mantengan una concordancia temática en el tema en cuestión, y además observaremos si los mecanismos de acción con los que cuentan los ciudadanos para atacar los vicios en los actos expedidos por los servidores públicos, son lo suficientemente eficaces para controlar d...

Sumários, mas muito sentidos agradecimentos, Aos meus queridos pais Vitorino e Fernanda, sem os quais nada disto teria sido imaginável, por muito mais do que conseguiria deixar aqui escrito, pelo amor inabalável, por estarem presentes em todos os momentos da minha vida. Uma palavra especial é devida ao Senhor Prof. Doutor João Pacheco de Amorim, orientador desta dissertação, cuja palavra cuidada e amiga ao longo de toda a caminhada foi essencial, com a sua disponibilidade e apoio científico e a quem devo ainda, o fascinante gosto pelo Direito, em especial pelo Direito Administrativo. Aos meus amigos, em especial à Clara Sottomayor, serei sempre devedora da sua amizade e apoio constante; ao Gonçalo fico a dever toda a dedicação e paciência; à Ana Serra todo o carinho. À minha afilhada Inês, aos meus alunos, às bibliotecas por onde passei por todo o apoio.

El proceso constitucional de cumplimiento es un mecanismo judicial que permite a cualquier persona exigir que una autoridad o funcionario público cumpla con una norma legal o acto administrativo firme. Busca garantizar el respeto al Estado de Derecho y la efectividad de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. "Porque al servir a los demás seremos libres" (José María Pacori Cari).

En el último tiempo ha tomado especial relevancia el estudio de los instrumentos de regulación estatal e internacional de la actividad económica privada, en particular de aquella que tiene un alto impacto en las economías locales y, una vez afincado el ...

El documento expone el recurso de casación en el proceso contencioso-administrativo peruano, detallando sus requisitos de interposición y procedencia, fundamentos jurídicos, y el uso de jurisprudencia relevante. Incluye sentencias emblemáticas y explica principios como la plena jurisdicción y la debida motivación, con un enfoque práctico y académico del Derecho Administrativo. "Porque al servir a los demás seremos libres" (José María Pacori Cari).

E l rediseño del Estado, los ajustes estructurales y la recomposición de las dinámicas productivas, en el marco de los imperativos de la competitividad, impactan de forma diferenciada en los territorios. La recomposición de las dinámicas productivas y los mecanismos de regulación social son procesos paralelos en los que se reflejan y materializan las disputas por enmarcar la apropiación económica, ideológica y social (Di Méo, 2000) del espacio, señalando su carácter dinámico. La regulación del territorio se sujeta por lo tanto a las lógicas de reproducción social que allí se construyen, a las disputas por encuadrar el uso de los recursos del lugar y las relaciones sociales, incluyendo las de dominación que derivan de la segmentación social que se crea en el mercado de trabajo con el dominio de determinadas lógicas productivas.

This article was written as part of a test of the skills acquired in the field of Administrative Law, a subject that forms an integral part of the teaching programme of the 1st officer training course for the Senior Support Staff (SAP).
The central research question was ‘Is it possible to withhold an appeal in disciplinary proceedings against GNR soldiers?
As general objectives, we also sought to define appeals in the strict sense, their typology and to analyse the law applicable to withholding appeals. As specific objectives, a brief analysis was made of appeals under the CRP, Administrative, Civil and Criminal Law; a comparison was made between the disciplinary regulations of the GNR, PSP and Military; it was verified how to challenge the withholding of an appeal in the administrative, civil and criminal procedural spheres and, finally, an attempt was made to understand which item(s) should be applicable to the disciplinary process of GNR military personnel, in particular with regard to appeals, their withholding and the admissibility of challenges to them.
Key words: Withholding, Appeal, Disciplinary, Subsidiary, Complaint.

Abstract. Extensive case law from the Administrative Contentious Court affirms the legitimacy presumption of administrative acts. In the absence of statutory law drawn up in said respect, the Court bases its rulings on the opinion of MARIENHOFF. MARIENHOFF’s opinion on the subject matter is not at all isolated; many an author support the legitimacy presumption. However, they do so by means of dogmatic statements, lacking any deep delving in the matter, and many times – as it happens in Argentina and Spain – within a statutory framework which imposes the legitimacy presumption. A profound analysis revealsthat the legitimacy presumption is bereft of legal grounds, violates clear general principles of our law, is innecessary for the purposes of drawing the consequences intended and it is harmful, since it favors administrative arbitrations to the detriment of human rights. In sum, the legality presumption is an unnecessary and pernicious myth.

Resumen: La aplicación de los principios de ejecutividad y ejecutoriedad al ámbito del derecho administrativo sancionador genera importantes tensiones por la afectación de garantías constitucionales del presunto infractor, especialmente respecto de su derecho de tutela judicial efectiva. Ello, ha dado lugar a una discusión sobre si dichos principios generales del derecho administrativo rigen o no a la actividad sancionatoria de los órganos administrativos. En este trabajo se sostiene que, si bien no existe una norma general que resuelva en qué medida los principios de ejecutividad y de ejecutoriedad son aplicables al ámbito del derecho administrativo sancionador, en los denominados sectores de referencia se han ido incorporando normas que vuelven inaplicables dichos principios a las sanciones administrativas. Así, en general, el legislador ha establecido que los actos administrativos sancionatorios no son exigibles si está pendiente un reclamo judicial en la materia. Sin embargo, como también se explica en este trabajo, la jurisprudencia de la Corte Suprema no parece tener en debida consideración dichas normas sectoriales, al resolver controversias donde se discute si sanciones administrativas no producen efectos y pueden ejecutarse.

Las diapositivas explican que el acto administrativo es una manifestación formal de la Administración Pública destinada a producir efectos jurídicos en situaciones concretas. Para su validez, debe cumplir requisitos como competencia, objeto claro, finalidad pública, motivación adecuada y procedimiento regular. Su ejecución respeta principios como legalidad, razonabilidad, celeridad, imparcialidad y responsabilidad administrativa. "Porque al servir a los demás seremos libres" (José María Pacori Cari).

Sumario: 1. Reflexión inicial. 2. Principios del Procedimiento Administrativo. 2.1. Utilización, aplicación, interpretación de principios de derecho en nuestro sistema legal. 2.2. Los principios dentro del bloque de legalidad. 3. Principio de juridicidad. 3.1. Principio de juridicidad en función administrativa. 3.2. Control de constitucionalidad y función administrativa. 4. Reflexión final.

La tradición académica romanística en España, en lo que concierne a la producción literaria de manuales de Derecho privado romano, viene marcada por la presencia de excelentes aportaciones que se han convertido en referentes de primera mano tanto para la docencia, como para la iniciación en la investigación. Ese papel paradigmático lo cumplen, en el pasado siglo, entre otros, autores como J. ARIAS RAMOS y J. A. ARIAS BONET, Álvaro D'ORS, Juan IGLESIAS, Pablo FUENTESECA, Manuel J. GARCÍA GARRIDO o Armando TORRENT. Todos ellos han sido fi eles expositores de su concepción científi ca del Derecho romano y cada uno ha aportado formas y maneras de entender y comprender la disciplina: desde las visiones más dogmáticas y sistemáticas, hasta las concepciones jurisprudenciales de sesgo casuístico que contemplan el Derecho romano como un derecho de acciones. Visiones y perspectivas muy plurales, que han enriquecido el debate científi co en nuestra disciplina y han permitido, a lo largo del siglo XX, que distintas generaciones de estudiantes de primer curso de la licenciatura en Derecho hayan tenido un contacto directo con la asignatura y comprendan que el manual es un perfecto instrumento de apoyo, que permite una mejor comprensión de lo tratado en las correspondiente clases teóricas y que lo explicado en el aula no agota la materia. Indudablemente, a mi juicio, el uso del manual en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho, pese a las críticas que se le quieran imputar, sigue siendo una herramienta básica. Por desgracia, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (con su posterior reforma parcial por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril) y la subsiguiente revisión de los planes de estudio en algunas Universidades, se produce una reducción bastante drástica del número de horas lectivas para la impartición de la disciplina romanística. Ésta, sin perder su naturaleza de obligatoria o troncal en todo el Estado español, deja sin embargo de tener carácter anual y adquiere en un alto porcentaje

Estas diapositivas explican que el proceso contencioso administrativo es un mecanismo legal que permite a los ciudadanos impugnar actos, omisiones o decisiones de la administración pública. Su objetivo es garantizar la tutela efectiva de los derechos, asegurando que las actuaciones estatales cumplan con el ordenamiento jurídico mediante el control del Poder Judicial. "Porque al servir a los demás seremos libres" (José María Pacori Cari).

Los conceptos jurídicos cumplen un papel imprescindible en la existencia del derecho positivo en tanto facilitan la interpretación de las disposiciones jurídicas y la aplicación de normas. Sin embargo, tales operaciones fallan cuando no están adecuadamente elaborados. En este artículo se plantea un análisis de la categoría acto administrativo en aras de subrayar los desafíos conceptuales que enfrenta dicha noción, ampliamente compartida en la cultura jurídica colombiana. La metodología aplicada es el análisis conceptual con especial énfasis en su momento crítico –par destruens–. En general, se formulan objeciones a las propiedades tradicionalmente usadas para identificar un acto administrativo y, además, se fija una ruta para desarrollar una reconceptualización a partir de las normas que confieren y regulan el ejercicio de una función administrativa.

La función administrativa designa un universo de actividades necesarias para cumplir los fines del Estado. Uno de los instrumentos predominantes para estos efectos es el acto administrativo. En el marco de una elaboración doctrinal estándar, el acto administrativo es definido como una declaración unilateral de voluntad que produce efectos jurídicos. Tales rasgos generan tensiones con una lectura contemporánea de las normas y del lenguaje normativo. En este artículo se analiza, de manera crítica, el conjunto de propiedades atribuidas al acto administrativo en aras de reformular aquellos rasgos que parecen semánticamente críticos. A partir de los presupuestos metodológicos del análisis conceptual se plantea que, en un concepto de acto administrativo, los atributos psicológicos no capturan adecuadamente la función directiva del lenguaje normativo y los genéricos no suministran criterios suficientes para su reconocimiento. En su lugar, se sugiere una reconceptualización del acto administrativo a partir de las propiedades comunes que pueden derivarse de las normas de competencia que reglamentan su adopción.

Estas diapositivas detallan los fundamentos del Derecho Administrativo, abordando principios esenciales, actos administrativos, procedimientos, regulaciones y ejecución de decisiones en la gestión pública. Explica la validez, nulidad y revocación de actos, así como los principios de celeridad, eficacia y razonabilidad que rigen la administración pública y su relación con los ciudadanos. "Porque al servir a los demás seremos libres" (José María Pacori Cari).

Los contratos de concesión de infraestructura tie-nen componentes civiles y administrativos que ge-neran, en cuanto a responsabilidades de los con-cesionarios, la posibilidad de aplicar penalidades contractuales y sanciones administrativas. En el sector infraestructura de transporte, los au-tores plantean que existen confusiones teóricas y prácticas entre estos dos institutos jurídicos y plan-tean la posibilidad de que el marco normativo se corrija para superar tales confusiones. El análisis de estos temas se basa en la revisión de diversos contratos de concesión de infraestructura de trans-porte público, y en la comparación de la regulación de la materia en otros sectores. Palabras clave: Derecho Administrativo; infraes-tructura de transporte de uso público; sanción administrativa; penalidad; contrato de concesión. Concession agreements in infrastructure have civil and administrative nature making possible for the Government to apply administrative fines and liquidated damages prov...

Los contratos de concesion de infraestructura tienen componentes civiles y administrativos que generan, en cuanto a responsabilidades de los concesionarios, la posibilidad de aplicar penalidades contractuales y sanciones administrativas. En el sector infraestructura de transporte, los autores plantean que existen confusiones teoricas y practicas entre estos dos institutos juridicos y plantean la posibilidad de que el marco normativo se corrija para superar tales confusiones. El analisis de estos temas se basa en la revision de diversos contratos de concesion de infraestructura de transporte publico, y en la comparacion de la regulacion de la materia en otros sectores.

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Este libro ofrece a estudiantes, profesionales del derecho y académicos una herramienta esencial para comprender la estructura y aplicación de las garantías jurisdiccionales en Ecuador. Su enfoque procesal y sus referencias a casos emblemáticos lo convierten en una guía clara y  exhaustiva sobre la protección de derechos en
el sistema constitucional ecuatoriano. La obra invita a una reflexión
profunda sobre la importancia de la justicia constitucional en la construcción de un Estado democrático y de derechos, reafirmando la relevancia de la jurisprudencia como motor de cambio hacia un sistema
de justicia más accesible, eficaz y centrado en la dignidad humana.

El articulo se centra en la constitucionalización que trae consigo la entrada en vigor de la Ley 1952 de 2019, mediante la cual se introduce en la vida jurídica el Código General Disciplinario, convirtiéndose en una herramienta estatal que en su primera parte reconoce la importancia de la implementación de los fines, principios y valores, para el correcto desempeño de funciones por parte de los funcionarios públicos y los procedimientos para cuando las conductas estén por fuera del ordenamiento jurídico, incluso, en la mismo la ley se amplía la posibilidad de vincular principios y derechos proveniente de los tratados y convenios internacionales por medio del bloque de constitucionalidad, permitiendo que los casos de mayor complejidad sean intervenidos desde el derecho internacional. El objetivo general de la investigación es analizar los cambios relevantes sucedidos con el nuevo régimen disciplinario. La metodología implementada se soporta en el método hermenéutico y la técnica de l...

Tarih boyunca insanlar tarafından yapılan sportif faaliyetlerin, günümüzde sosyal ve ekonomik yönden değer arz etmesi ve belirli hallerde içerdiği rekabet unsuru bağlamında düzenli bir şekilde yapılması, bu disipline özgü bazı kuralların varlığıyla mümkün olmuştur. İnsanların sportif faaliyetlerde bulunma ihtiyacının yanında, zaman içinde bu faaliyetlerin yapılabildiği elverişli ortamın oluşturulması da bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle profesyonel anlamda sportif faaliyetler icra edilirken; sporcular, antrenörler ve seyirciler gibi pek çok aktör bir arada yer almaktadır. Bu kapsamda sportif faaliyetlerin yerine getirilmesi sürecinde bu öznelerin birbirleriyle olan ilişkilerinin hukuki olarak düzenlenmesi ve olası hukuka aykırı durumların önüne geçilmesi bakımından, idari makamların bazı pozitif yükümlülükleri söz konusu olmaktadır. İdari makamlar tarafından yerine getirilen ve tarihsel olarak öncel nitelikte olan kamu güvenliğine dair faaliyetler, kamu düzeni olgusunun korunması, bozulmuşsa yeniden sağlanmasına yönelmektedir. Bu doğrultuda sportif faaliyetler yerine getirilirken veya yerine getirilmeden önceki aşamada idari makamların, kamu düzeninin bozulmamasına yönelik olarak bazı tedbirler alması ve gerektiğinde anayasa ve ilgili kanunlardaki sınırlamalara bağlı olmak kaydıyla bireylerin temel hak ve hürriyetlerine müdahale edebilmesi gündeme gelmektedir. Bu kapsamda çalışmada, öncelikle sportif faaliyetler ve kamu düzeni kavramı arasındaki hukuki ilişki ele alınacak; sonrasında yargı kararlarından yararlanmak suretiyle sportif faaliyetler bakımından kamu düzeni kavramının etkilerinin neler olduğu irdelenecektir.

La falta de claridad del art. 19 del CP produce dudas interpretativas a la hora de responder a la pregunta acerca de si los menores de edad penal son o no responsables penalmente teniendo en cuenta que no se les aplican penas -al menos en sentido formal, como "penas del CP"-pero son responsables con arreglo a la Ley de responsabilidad penal de los menores. La duda se acrecienta cuando se observa que no faltan autores en la doctrina que afi rman la inimputabilidad de los menores o una "peculiar" imputabilidad disminuida, a pesar de lo dispuesto claramente en la ley.

Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual prohíbe el uso no exceptuado de obras protegidas sin la autorización expresa de los titulares de los derechos de autor. El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento, de la presente publicación, queda expresamente prohibido. Usos infractores pueden constituir delito.

En el presente trabajo se aborda la problemática del objeto del proceso contencioso administrativo en la formulación del nuevo Código Orgánico General de Procesos; realizando un análisis crítico de dicha institución a la luz de los sus fundamentos teóricos, tanto doctrinales como jurisprudenciales, a los efectos de poner de manifiesto las imperfecciones de que adolece el actual sistema y realizar propuestas en función de su perfeccionamiento.

Introducción El derecho administrativo en general se caracteriza por una especial profusión normativa en lo que respecta a sus lineamientos, tanto generales como particulares. Esto es así, en cierto punto, derivado del hecho de que la configuración del mismo como instituto ha sido posterior a la aparición histórica del derecho privado. En este marco de análisis, la codificación del derecho administrativo es una utopía, al menos en el ámbito federal de nuestro Estado; ello deriva en una dispersión de las normas que lo regulan, lo cual genera, en la mayoría de las situaciones que la interpretación de las mismas sea confusa, problemática y compleja. A tales efectos, es menester recurrir constantemente a técnicas de interpretación, como la analogía o la subsidiariedad, puesto que las ambigüedades, vaguedades o contradicciones de las normas en el nivel federal de análisis presenta situaciones en las que podrían existir dos respuestas diferentes a un mismo problema jurídico, en cuyo caso deberá intentar compatibilizarse la solución con estas, o también puede no existir una solución particular, lo cual constituiría un vacío normativo. La Teoría General del Contrato Administrativo, y por extensión los instrumentos normativos con los que esta interactúa, no escapan a las generales de la dispersión normativa. Para comenzar, el Reglamento de Contrataciones de la Administración Nacional, constituido como normativa básica y Tomás Rodríguez Espósito Ab-REVISTA DE ABOGACÍA

🥇 Caso de éxito ⚖

✔ Me complace compartir con ustedes una reciente resolución de la 1ª Sala del Tribunal de Cuentas en la que el voto (mayoritario) del miembro preopinante, Dr. Gonzalo Sosa Nicoli, hace una excelente exposición sobre la “motivación” de los actos administrativos, elemento esencial de regularidad y validez de estos. Esto último junto con el análisis del caso concreto a la luz de dicho elemento, describiendo así las falencias de la administración aduanera para exponer suficientemente las razones de hecho y de derecho en las que se sustenta su decisión.

✔ Sin duda, un fallo digno de compartir a los efectos de que los particulares conozcan sus derechos y garantías en todo Estado de Derecho y en consecuencia, puedan exigir a la administración la exposición suficiente y detallada de las razones de sus resoluciones y, a su vez, la administración cumpla con esta obligación.

✔ El requisito de la “motivación” de los actos administrativos, es particularmente importante cuando se trata de “actos de gravamen”, los que limitan los derechos de las personas, como son los sancionatorios.

👨‍⚖️ A continuación, comparto el extracto pertinente del Acuerdo y Sentencia N° 146 de fecha 02 de julio de 2024 en el juicio “CATHAY SA. C/ RES. N° 1173 DE FECHA 26/SET/2022 Y OTRA DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS” ⚖

Orgánico de Tribunales ("COT"), Código de Procedimiento Civil ("CPC"), Código Procesal Penal ("CPP"), Código Civil ("CC"), Código Penal ("CP"), Código Tributario ("CT"), Código Sanitario ("CS"), Código del Trabajo ("CTra"), Código de Aguas ("CA"). Fecha de recepción: 19 de noviembre de 2013 Fecha de aceptación: 22 de mayo de 2014.

En el presente artículo se analizará de manera dogmática cada una de las medidas señaladas en el artículo 66 de la Ley núm. 340-
06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (en lo adelante Ley 340.06) y el aporte propuesto por
su Reglamento contenido en el Decreto 416-23, todo en atención a los conceptos clásicos de sanción administrativa, multa coercitiva
y medidas indemnizatorias, determinando la naturaleza jurídica de cada una de estas en particular y sus respectivos alcances, para
continuar con algunas reflexiones relativas a su aplicación y terminar con propuestas de lege ferenda.

Hoy llegamos al octavo número del mes de agosto con formato renovado, gracias a la colaboración de API MARKETING JURÍDICO.
Asimismo, debemos destacar que para nuestra sección de Estudios, hemos recibido la colaboración del Dr. Sergio Rodrigo Rojas Barrientos, quien es miembro activo de la ABEDA, y que en esta oportunidad nos comparte sus interesantes reflexiones haciendo una “Sistematización de los defectos en la forma del acto administrativo: revisión de literatura integrativa”; un tema novedoso en el cual el autor se propuso seleccionar todos los documentos académicos fidedignos que aborden la forma como elemento de validez; así, todas las posturas identificadas se integraron en un esquema internamente coherente que es capaz de discriminar los defectos formales de otros tipos de defectos. Como resultado, ha logrado elaborar un catálogo comprehensivo de defectos asociados al elemento de validez forma que permite determinar objetivamente si un defecto es formal o de otra naturaleza.

La potestad anulatoria de la Administración Pública es uno de los temas que más atención capta en la doctrina administrativista argentina. No obstante, este asunto ha sido abordado fundamentalmente desde un enfoque jurídico-dogmático sin que a la par se hayan elaborado estudios empíricos sobre la cuestión. Este último tipo de enfoque, sin embargo, reviste interés puesto que permitiría indagar, entre otros puntos, acerca de qué tan frecuente se anulan actos administrativos, sobré qué asuntos versan mayormente los actos anulados, quiénes son los más afectados por la anulación y qué procedimientos se aplican en la práctica. En este trabajo, se realiza una aproximación empírica a la actividad anulatoria, comprendiendo en este examen a las anulaciones de oficio, las acciones judiciales de lesividad y las instadas por recursos administrativos. A este fin, siguiendo una metodología que se detalla, se presentan y analizan los resultados de 18 pedidos de acceso a información pública formulados a los ministerios de la Administración Pública Nacional existentes al finalizar el período 2022. El trabajo también distingue las anulaciones según el tema que versaron y revisa el procedimiento aplicado de acuerdo a lo indicado en los actos anulatorios. En un último punto, se discuten las implicancias de los resultados

Con la Constitución de Ecuador en 2008, se ha planteado un amplio régimen de protección para los derechos por medio de garantías jurisdiccionales. En este contexto, el principio de no devolución de categoría ius cogens puede ser protegido por el Habeas Corpus, en caso de privación de libertad o a través de la Acción de Protección (en adelante AP), cuando no haya de por medio privación de libertad y provenga de una denegación de entrada al país mediante acto administrativo. Se realiza un examen de estas garantías jurisdiccionales, profundizando en su rol de proteger a los migrantes. Primero, se aborda la no devolución en los sistemas de protección de Derechos Humanos de los cuales forma parte Ecuador y su reconocimiento en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Segundo, se mencionan las reglas generales aplicables a las garantías jurisdiccionales. Tercero, se aborda el Habeas Corpus, una acción garantista que no es una institución estática[1] y no se limita a tutelar un solo derecho c...

¿Cual es la vía correcta para anular un título de propiedad expedido por Cofopri? ¿La del contencioso administrativo o la civil? En el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil 2021 se señaló que en el proceso de nulidad de acto jurídico se puede cuestionar la validez de dicho título. El autor cuestiona esta decisión, que también ha sido recogida en diversas sentencias casatorias, y considera que lo más apropiado es derivar este proceso por la vía que la ley ha determinado (la contencioso administrativa), la cual otorga a intervinientes y terceros la posibilidad de salvaguardar sus derechos y, en todo caso, ante la posible pérdida de estos, permite tutela resarcitoria.

El presente trabajo revisa críticamente el tratamiento de la culpa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre responsabilidad por acto administrativo. Tras abordar el problema de la culpa en general, aclara el sentido preciso de la locución «responsabilidad patrimonial por acto administrativo», describe la doctrina jurisprudencial a este respecto y expone sus múltiples inconsistencias. El debate en torno a la culpa ha de hacerse más transparente, presentarse como cuestión relativa al título de imputación, no como asunto atinente a la antijuridicidad del daño. La culpa no debe operar como título de imputación en la responsabilidad por infracción del principio de buena fe o confianza legítima ni en la responsabilidad por incumplimiento lesivo de las normas sobre adjudicación de contratos públicos. Para los demás casos, hay varias soluciones posibles. Si la culpa debiera funcionar como título de imputación de la responsabilidad por ilegalidad, habría que considerar en todo caso que la disconformidad a derecho es normalmente indicativa de ella.

Se pretende estudiar comparativamente las políticas participativas en la ciudad de La Plata, Argentina, durante el período 2014-2018. El período elegido comprende los dos últimos años de la gestión del ex Intendente Pablo Bruera durante la cual se intensificaron las políticas de Presupuesto Participativo y los primeros años del nuevo jefe comunal Julio Garro quien decidió modificar algunos aspectos sustanciales. Este tipo de políticas, entendidas como gestión municipal “abierta” a la comunidad han sido sostenidas por gestiones de distinto color político. Para el análisis del caso, se estudian no sólo las acciones sino también los aspectos discursivos de los distintos gobiernos. Más allá de las continuidades, los cambios parecen ser grandes: advertiremos, como conclusión, cómo los cambios procedimentales en las políticas participativas, aún una cierta continuidad discursiva, suponen modificaciones de fondo en la manera de entender la relación gobernante-gobernados, de entender la rea...