Facultad de Derecho

RESUMEN Como toda facultad estatal, los acuerdos y observaciones que adopte la Cámara de Diputados en el ejercicio de su facultad fiscalizadora deben cumplir con ciertos requisitos para ser considerados válidos dentro del ordenamiento jurídico. Dichos elementos son la competencia del órgano, que además engloba el contenido del acto de fiscalización y el objeto fiscalizado; la investidura regular de los Diputados, y el cumplimiento de ciertas formas y procedimientos. Con todo, solo los vicios que recaigan sobre requisitos esenciales o que, sin serlo, sean determinantes para el cumplimiento de ellos, anulan el acto.

RESUMEN Los acuerdos y observaciones de la Cámara de Diputados para fiscalizar los actos del Gobierno ha sido poco objeto de estudio jurídico. Ellos constituyen un instrumento que tiene delimitado sus elementos y campo de acción, sea en relación con otros instrumentos de fiscalización, o con los proyectos de resolución, además de ser posible realizar la diferenciación entre acuerdos, por un lado, y observaciones, por otro. Con todo, un análisis empírico nos lleva a observar que no siempre esta facultad ha sido correctamente empleada. ABSTRACT The agreements and observations of the Chamber of Deputies to oversee the acts of the Government have been little object of legal study. They constitute an instrument that has delimited its elements and field of action, either in relation to other instruments of control, or with draft resolutions, as well as being possible to differentiate between agreements, on the one hand, and observations, on the other. However, an empirical analysis leads us to observe that this faculty has not always been correctly used.

El presente trabajo desea reflexionar respecto a las eventuales diferencias que pueden suscitarse respecto al tratamiento que el ordenamiento jurídico realiza entre nacionales y extranjeros, e incluso entre extranjeros, dando cuenta de lo peligroso que resultan para el principio de igualdad y no discriminación la existencia de amplias atribuciones discrecionales con que cuenta la Administración, toda vez que permite dar lugares a diferencias arbitrarias.

La migración es uno de los fenómenos de mayor envergadura en la actualidad.
Por ello, un adecuado tratamiento del mismo requiere un estudio de los principios que inspiran, regulan y sirven para interpretar la normativa existente, más
aún si se considera que muchos encuentran su consagración en la Constitución.

Resumen: El presente artículo persigue establecer las principales diferencias que presentan las categorías de migrante y asilado/refugiado. Para ello, luego de una primera conceptualización se analiza normativa internacional a su respecto, dando cuenta de la existencia o ausencia de derechos en torno a estas dos figuras, como parte de su configuración jurídica.

El presente comentario centra su estudio en la Opinión Consultiva OC-25/18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ella, la Corte distingue entre tres tipos de figuras comprendidas dentro de la institución del asilo: el asilo diplomático, el asilo territorial y el refugio. Dichas figuras, en opinión de la Corte, presentan características particulares, no quedando todas cubiertas por la Convención, en lo que al derecho a buscar y recibir refugio se refiere, lo que no ocurre respecto al principio de no devolución.

Los Estados cuentan con la facultad de expulsar a extranjeros que se encuentren en su territorio, limitándose de esta forma su libertad de circulación. No obstante, e independiente de la naturaleza jurídica del acto de expulsión, el Estado está sujeto a un conjunto de límites materiales y formales para el ejercicio de dichas atribuciones.

El Estado debe preocuparse, no solo de la dimensión terrenal de la vida humana, sino que también de la religiosa, pero
entendida como hecho social. La actitud del Estado se traducirá en el llamado Derecho Eclesiástico del Estado, especial
rama del derecho que tiene cuatro principios principales: libertad religiosa, laicidad, cooperación e igualdad ante la ley y
no discriminación. Con todo, para una adecuada protección del hecho religioso, las respectivas disposiciones de la nueva
Constitución deben basarse en los ya enunciados principios.

El presente artículo busca analizar en qué casos, y bajo qué justificación, es posible aplicar la distinción entre actos administrativos desfavorables y sanciones administrativas. Lo anterior supone estudiar los elementos que permiten catalogar un acto administrativo como sanción administrativa, así como las normas y derechos existentes en materia migratoria relativos al ingreso de los migrantes al territorio de un Estado y a las situaciones posteriores a dicho ingreso.

La libertad religiosa y, en consecuencia, la laicidad estatal, constituyen criterios definitorios y orientadores de la actividad del Estado de Chile, especialmente en las actuales sociedades democráticas y pluralistas. En tal orden, el Estado ha procurado la adopción de una normativa interna que propenda a un amplio ejercicio de la religiosidad personal. Asimismo, encontramos diversos pronunciamientos judiciales relativos a casos en los cuales se ha denunciado la afectación a tal derecho. Pese a esto, en varios de ellos, el análisis realizado por la judicatura no ha sido lo suficientemente desarrollado.

https://publicaciones.uap.edu.ar/index.php/revistaDER/article/view/1005